Todos recordamos cuando, tras las elecciones generales del 20 de Diciembre de 2.015, Pablo Iglesias, nada más salir de la reunión con el Rey, el 22 de Enero de 2.016, y cuando Pedro Sánchez, a su vez, estaba reunido con el monarca; comunicó en rueda de prensa en el Congreso, las carteras ministeriales que pretendía para Podemos en un hipotético gobierno de coalición con el PSOE; dado que el PP no tenía visos de conseguir la investidura de su candidato, Mariano Rajoy. Los ministerios que pedía Pablo Iglesias eran, además de la dirección de RTVE y la vicepresidencia del Gobierno; los de Economía, Educación, Servicios Sociales, Defensa e Interior; con los que, en definitiva, dirigiría la economía y política nacional y social. Pedro, que puede ser un mendaz, un cínico, un hipócrita, un demagogo, un populista, y alguna “virtud” más; no es tonto; por lo que los acuerdos entre ambos se pospusieron hasta el año 2.019 en las circunstancias que todos conocemos.
Al igual que el pequeño Lenin, Pedro Sánchez sabe que, dominando RTVE y medios afines, a los que, lubricando convenientemente mediante subvenciones de las ubres de Hacienda, que casi todos ayudamos a llenar; el ciudadano llega a conclusiones que son las que el poder desea a las que debe llegar. Mediante el Ministerio de Hacienda, el dirigir los fondos a distribuir y a confeccionar el proyecto de presupuesto anual. Mediante Educación, pretendía moldear el intelecto de los jóvenes desde su más tierna edad, con el fin de encauzarlos a un pensamiento único; el comunista. A través de los servicios sociales, un dirigente da limosnas a una parte de la población que previamente ha empobrecido, con el fin de fidelizar su voto, bajo la velada y tácita amenaza de que, si gobierna otro Partido, se quedarán sin dádivas. En cuanto a Defensa, Ministerio que Sánchez pasó de querer eliminarlo a elevar su presupuesto e incrementar la aportación a la OTAN, es de suponer que pretendía reducir o eliminar la presencia de las fuerzas armadas en el exterior y tenerlas maniatadas en una supuesta defensa de la territorialidad nacional y defensa de amenaza exterior. Por último, el del Interior, con el fin de manejar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante huelgas indeseadas, protestas callejeras, manifestaciones y buenismo con la inmigración ilegal, ocupación de viviendas, así como con el soberanismo.
Dicho todo esto como preámbulo y puestos en situación, narraré lo que a mi parecer se asemeja el futuro a corto plazo, del caminar de España hacia una dictadura blanda en manos de Pedro Sánchez.
Este hombre, con sed de poder infinito, está, en solo tres años, acabando o diluyendo las instituciones del Estado; debilitándolas o retorciéndolas en beneficio propio; y digo propio porque a Sánchez ni le interesan los españoles, ni le interesa España, ni le interesa el Partido Socialista, que acabará dejándolo hecho escombros y a España en un país sin influencia exterior y pobre.
Así, ha maniobrado contra la Judicatura, empezando por nombrar a Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, a pesar de informes desfavorables de la cúpula judicial, y su sustituto que figuró en los mítines del Partido Socialista en las elecciones gallegas; con el fin de colocar a magistrados de su cuerda, tanto en el Tribunal Supremo como en el Consejo General del Poder Judicial; Poder Judicial que le ha dado diversos varapalos, como el no del Supremo a los indultos a los golpistas catalanes, el informe contra la Ley de la Memoria Democrática, que yo la denominaría de la Memoria Selectiva, el fallo del Constitucional sobre Pablo Iglesias y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la inconstitucionalidad de los dos estados de alarma; la corte de garantías tumbó el Decreto-Ley que nombró a Rosa María Mateo, a buenas horas mangas verdes; la de la “televisión espantosa”, como la denominó ella en una comparecencia en el Congreso, traccionándola su subconsciente; como administradora única de RTVE, la suspensión de las restricciones al ocio nocturno, por la Audiencia Nacional; el TC anuló la disposición con la que Moncloa “blindó” la presencia de Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Gobierno para asuntos de Inteligencia, dentro del Decreto-Ley del 17 de Marzo, para paliar los efectos económicos de la pandemia, la Ley de Libertad Sexual o del “Solo sí es sí”, el Ministerio Público valora desfavorablemente la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El CGPJ, que ya no aguanta más, explota contra el Gobierno tras su maniobra con el Tribunal Constitucional: “Quieren colonizar las instituciones a cualquier precio”, señalan algunas voces de dicho Consejo; “Su reforma legal es una obscenidad tremenda”, añaden. Señalan también que el Gobierno está realizando una utilización partidista de la ley, a su conveniencia y que es impropia de un Estado de Derecho; es de un cinismo y desfachatez enorme y que utiliza las leyes para beneficio político, añaden.
El Gobierno le ha dado al CGPJ, debido a la reforma “exprés” de las competencias de este, un plazo hasta el 13 de Septiembre, como máximo, para que designe dos nuevos magistrados del TC; dando pie, justificadamente, a que algunos Vocales afirmasen que es “innecesario”, o que “sería más fácil si el Gobierno nos diera los nombres. Es lo que les falta”. Con la reforma, que a su vez reforma la anterior del propio Gobierno que les prohibía efectuar nombramientos de cualquier tipo, éste pretende conseguir la mayoría “progresista” en el Tribunal Constitucional.
Como dijo Charles Bukowski, “La diferencia entre una democracia y una dictadura es que, en una democracia, primero votas y después recibís órdenes. En una dictadura no tienes que perder el tiempo votando”.
Como sabemos, este Gobierno pretende controlar el CGPJ y el TC; sabe, y todos sabemos, que, controlándolos, controla la Justicia; en primer lugar, puede recortar o conculcar los derechos y libertades de la ciudadanía, perpetuarse en el poder, en segundo lugar, debido a su influencia, torcer sentencias que pudieran serle desfavorables, y, en tercer lugar, para el caso de que pierdan el poder no sean juzgados ante posibles denuncias de cuando lo detentaron.
Otra muestra que nos da este Gobierno, de pretender ramificarse a través de instituciones y organismos de toda índole, al igual que hizo el PS durante años en Andalucía, con el fin de que no exista alternancia en el poder y si llega a producirse, no dure más de una legislatura; es la toma de Indra, cesando a cinco consejeros independientes que se oponían a las pretensiones del Gobierno. Los consejeros cesados denuncian por escrito que el Gobierno solo quiere en la empresa a vocales “que no se opongan a sus pretensiones”, no exigiendo a la empresa a alguien “con capacidad y experiencia suficiente”. No se dan de cuenta esos vocales que como van a exigir capacidad y experiencia suficiente, si no se las exigen a ellos mismos dentro del propio Gobierno.
Debemos considerar que el Gobierno adjudicó a Indra, sin concurso público, por el procedimiento de emergencia; que está limitado a las catástrofes naturales, para todos los contratos electorales. Es la segunda vez que recurre a esta forma de contratación; la primera fue en las elecciones generales del 28 de Abril de 2.019. En el segundo caso, las del 10 de Noviembre; basa su actuación en la Disposición Séptima de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y al apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. Esto podría tener algo de justificación en estas elecciones, pero no en todas.
Pastrana, candidato a la presidencia de Colombia, insinúa que Indra cometió fraude electoral por su relación con Gustavo Petro, antiguo terrorista, y de alguna anomalía, como que el software dio los resultados electorales en tiempo récord la misma noche de la votación. Esto es una mera sospecha, pues nada se ha confirmado y Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia.
Un paso más que está dando Sánchez para hacerse con el poder total y cuasi permanente, y no es un paso de menor cuantía, que, espero que no sea aprobado, no solo por el PP, Vox y Cs, sino también por los independentistas y, de ser aprobado, sea recurrido ante el Tribunal Constitucional, ya que buena parte de las observaciones del Consejo de Estado no han sido incorporadas al texto; es la reforma de la Ley de Seguridad Nacional.
Se trata del proyecto de ley de la reforma antes mencionada, aprobado por el Gobierno en su Consejo del día 15 de Febrero de 2.022. Esta ley modificará la 36/2015, de 28 de Septiembre, de igual denominación.
El Congreso, por amplia mayoría, tumba las enmiendas a la totalidad de ERC y Junts. Esto no quiere decir PP, Vox y Cs, estén de acuerdo con la redacción del proyecto, si no que rechazan las pretensiones de los independentistas. El proyecto seguirá tramitándose en el Congreso, pero con enmiendas que presente la oposición.
Una de las guindas, posiblemente la mejor para la izquierda en general, y para Sánchez en particular; es esta ley que estamos tratando. No hace falta hurgar demasiado en su contenido para darse cuenta que la misma legitima al Gobierno a tomar medidas mediante Real-Decreto, sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional o al Congreso. En su exposición de motivos señala: “La actuación de la seguridad nacional, mediante la declaración por el Presidente del Gobierno, de una situación de interés para la seguridad nacional, permite integrar la acción de todos los recursos disponibles de las administraciones públicas afectadas, incluso aquellas en manos de particulares mediante de las potestades ordinarias previstas por el ordenamiento jurídico” (la letra en negrita la aporto yo).
La ley otorga a Sánchez el mismo poder para confiscar bienes, que la de Venezuela a Maduro. Es el artículo 30 de la mencionada ley es el que expresa que el Catálogo de recursos constituye la relación de medios que se consideran de interés para la seguridad nacional, entre los que se contemplan la prestación personal de los españoles y sus bienes y derechos.
Expertos en expropiaciones alertan del “cheque en blanco” a Sánchez para requisar los bienes privados, ya que el Estado puede requisar “incluso el efectivo”. ¿Se acuerdan aquello de Chávez: ¡Exprópiese!
Esta es la deriva que va tomando el Gobierno de Sánchez; deriva que nos conduce a una dictadura encubierta o blanda. Con razón dijo en su día Pablo Iglesias, el joven; que la derecha no iba a gobernar en muchos años. Tomas los medios de comunicación, tomas el Poder Judicial, tomas la educación y el resto viene rodado. Diremos como Wliliam Hurt: “Esto no es una democracia, es una dictadura. Una dictadura benévola, pero una dictadura al fin y al cabo”. Piénsese como empezaron Venezuela, Guatemala y otros países Sudamericanos y nos veremos reflejados. No hagamos como el personaje del poema del pastor alemán Martín Niemöller, en el que muestra su indiferencia ante lo que ocurre a su alrededor hasta que llega lo inevitable.
Otro contenido que nos lleva a la misma conclusión, es la puesta en marcha del Organismo contra la desinformación, que preside el General Ballesteros. ¿No nos acordamos ya cuando, en aquellas parafernalias ruedas de prensa de todas las “fuerzas vivas”, durante el comienzo del coronavirus, el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general José Manuel Santiago, dijo que los agentes trabajaban en las redes sociales contra los bulos y para “minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno”? Marlaska achacó tales manifestaciones a un lapsus del general. Yo, y conmigo la mayoría de seres pensantes, por el contrario, digo que ni siquiera fue su subconsciente el que le traicionó, si no que dijo la verdad; dijo para que le habían puesto. El general no volvió aparecer en aquellas comedias comandadas por Fernando Simón, otro que no sabía para donde estaba revuelto.
Pues bien, no se trataba de un lapsus, ya que seis meses después, el Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del 6 de Octubre de 2.020, aprobó el Procedimiento de actuación contra la desinformación, y que será un comité de vigilancia para combatir campañas a bulos o noticias falsas que traten de desestabilizar instituciones o procesos electorales; pero que en la práctica no será otra cosa que tener subyugada a la prensa díscola con el Gobierno, y no solo a los medios de comunicación, sino también una censura en las redes sociales. Este plan fue publicado mediante Orden ministerial PCM/1030/220, de 30 de Octubre, y del que nada se sabe a pesar de las innumerables preguntas de la oposición, en el Parlamento.
Hay juristas y despachos importantes de abogados que critican el procedimiento, basándose en que puede llegar a afectar a la libertad de información y prensa, que defiende tanto la UNESCO, como la Constitución española en su artículo 20. Ante las numerosas críticas, la Unión Europea confirmó que se llevará a cabo un seguimiento sobre su aplicación.
Otra de las quejas es sobre la naturaleza política de la mayoría de los órganos que integran este Organismo, en el que están representados los ministerios de Asuntos Económicos, de Exteriores, de Defensa y del Interior. Las críticas se basan en que la gran mayoría de la toma de decisiones recaen exclusivamente en órganos de la administración pública; concretamente, los ministerios reflejados, ya que esto puede derivar en un control de las informaciones y comunicaciones a las que puedan acceder los ciudadanos. Sánchez, y en su día Pablo Iglesias, dentro del Gobierno, quieren ciudadanos desinformados o mal informados.
Resumiendo; todo aquel que informa u opine algo en contra de lo que el Gobierno quiere, éste entenderá que es un desinformador; por lo que deja en manos del Comité lo que se permite como información, sea cierto o no, y lo que es desinformación.
Y, por último, pero no por ello menos importante para los planes de Sánchez, es querer que España siga siendo un país de personas que necesitan ayudas, pretensión propia de países comunistas. Ayuda por la electricidad, ayuda a la juventud de 400 € para cultura, baja cultura, ayuda suplementaria a becas concedidas, ayuda a los carburantes, etc., etc. Pretende que la gente dependa absolutamente del Estado y de este modo teman que, si a él le echan, pierdan lo poco que tienen porque el mismo los ha llevado a la crisis de pobreza y ruina. Sánchez crea los problemas para luego mostrarse como solución a los mismos y de esta forma tener a los ciudadanos supeditados a sus dádivas, cuando lo que debiera hacer es bajar impuestos y el I.V.A. de ciertos bienes de consumo; pero claro, eso no compra votos, no es tan visible como las generosas subvenciones. Mientras tanto, el Gobierno gasta y malgasta sin freno, aumentando la deuda pública, aumenta el índice de precios al consumo, aumenta el paro, aumenta la recaudación del Estado y disminuye la capacidad económica de las familias.
El presidente del Gobierno hace buena la frase de Groucho Marx: “La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”
Ahora, para colmo, Sánchez estudia que los inmigrantes sin papeles, se regularicen mediante la realización de un curso; con lo cual será, no solo un voto agradecido y cautivo, sino un efecto llamada. Solo le restaría, como pretendía Iglesias, darles el voto a los mayores de 16 años, para cerrar el círculo del mercadeo dictatorial. A esto se le llama clientelismo político.
Está claro que Pedro Sánchez pretende perpetuarse en el poder y, para el caso de que no lo consiga, desea que las instituciones queden parasitadas y con, aunque disimulados, visibles signos de favoritismos hacia el Partido Socialista, con el fin de que la derecha, si consigue el poder, no lo detente más allá de una legislatura.
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