Si yo fuera presidente de una gran empresa, no contrataría como secretario de control, director de comunicación o analista de mercado a ningún miembro del Partido Popular.
He dejado escrito en diferentes ocasiones que la corrupción es consustancial al inicio del periodo democrático que ahora vivimos, entre otras cosas porque surgieron de la nada unos partidos políticos sostenidos, sufragados y apoyados económicamente por dinero de origen desconocido, gran parte de él procedente de sus homónimos en el extranjero.
Y como nunca se ha querido de verdad acabar con esta situación porque todos tienen algo por lo que callar, en algunos casos podría ponerse en peligro la viabilidad de la democracia en España, de ahí la situación que nadie osa meterse con el Clan Pujol y sus archivos de los agentes “pata negra” en su momento, pues así nos va.
El Partido Popular no está en las coordenadas actuales de gestión porque calla, no responde con contundencia, las respuestas son a título personal de los dos responsables acusados sobre los presuntos temas de corrupción en la comunidad autónoma y en la alcaldía de Madrid. Tiene que ser un periódico el que escribe que “el concejal de Más Madrid José Javier Barbero Gutiérrez y el edil del PSOE Ramón Silva validaron expresamente los contratos para la adquisición de material sanitario, ahora investigados por el juez Adolfo Carretero, adjudicados a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. Así consta en la documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción e incorporada al sumario de la causa, a la que ha tenido acceso OKDIARIO”. Y sigue callando cuando hace unos días Pedro Sánchez volvió a repetir: “Yo, a la dirección nacional del PP aún no le he escuchado decir absolutamente nada de lo que estamos viendo en Madrid, ni de Ayuso, ni de Almeida”, ni sobre el tema Gürtell. Y no será por el inmenso inventario de corruptelas históricas que tiene el PSOE.
Al unísono, se fuga a Singapur un tal Roger Parellada Ferré al que la Generalitat de Cataluña le compró 35.000.000€ en mascarillas, que pagó por adelantado y del que nunca más se supo. Pero de este individuo nadie escribe nada.
Ni de la noticia publicada por elespañol.com el 29-04-2022, que dice: “José Luis Vera, el exjuez que el PSOE colocó en la Diputación de Valencia como asesor jurídico con la idea de que combatiera la corrupción del PP, cobró mordidas por valor de 1,3 millones de euros a cambio de favorecer los intereses de grandes promotoras en diversas administraciones socialistas. Vera, que ha ejercido durante años de magistrado en la Audiencia Provincial de Valencia por el cuarto turno (el que se reserva para abogados de reconocido prestigio y una trayectoria acreditada), es uno de los cabecillas de la supuesta “organización criminal” que se investiga en el caso Azud, que desmanteló la Guardia Civil y que supuestamente repartió comisiones millonarias entre cargos del PP y del PSOE durante 20 años. A Vera se le atribuye el papel de conseguidor de contratos en Administraciones gobernadas por los socialistas”.
Y el nuevo líder popular Núñez Feijóo se sube a la escalera gallega de no saber si sube o baja, -nada nuevo, ya lo hizo en Galicia con el idioma castellano- dejándose querer en Cataluña defendiendo “la nacionalidad catalana”… “que debe recuperar su liderazgo”, supongo que en detrimento de quien, antes o después, acabará con él, o sea, Díaz Ayuso, quien ha llevado a la CCAA de Madrid al primer puesto en cualquier tema económico, con los menores impuestos establecidos en toda España.
Voy a remitir al lector, perdón por remar a favor de corriente, a mi libro "UN CUENTO DEL GOBIERNO", publicado enero del presenta año, y al capítulo “El coronavirus en España”, pág. 41 y siguientes, en el que recojo, con fechas, datos y fuentes de publicación, algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Nación, del que incluyo a continuación un mínimo ejemplo de la forma más constreñida posible.
En España hay seis grandes “capos” para hacer negocios con China, que se reparten los sectores y que cobran un treinta por ciento de comisión por su intermediación, que tienen que repartir con el intermediario chino en origen y con el partido único; no se pierde ni un solo euro, pues la pena de muerte “por corrupción” es real, aunque sea un ministro el que haya “distraído” ese euro. Y los chinos funcionan así es en todos los países del mundo… lo que le ha pasado a España, que ni los políticos, ni sus asesores tienen conocimiento del comercio internacional y mucho menos con China. Han contratado a amiguetes, paisanos y parientes que, para nada, conocen ese mundillo, y los han engañado.
Según dice El País del 21-04-2020, “el Gobierno vuelve a errar en la compra de test, fundamental para contener la pandemia del coronavirus. El Ejecutivo, que sigue sin desvelar cuál es la empresa que ha intermediado en la compra de test defectuosos, hizo una nueva compra para sustituir a los defectuosos, que tampoco funcionan”.
El Confidencial del 22-04-2020: El Gobierno pagó por adelantado 23,8 millones de euros a un intermediario chino por las mascarillas ‘fake’ que han tenido que ser retiradas de los hospitales por no cumplir con los estándares mínimos de seguridad … Según revela el contrato de adquisición, la Dirección General de Cartera Común y Farmacia del Ministerio de Sanidad compró 2,1 millones de mascarillas defectuosas.
El Confidencial 22-04-2020: Los test defectuosos chinos comprados por 17,1 millones de euros y los dos millones de mascarillas ‘fake’ no son los únicos problemas que ha tenido el Gobierno con sus proveedores sanitarios durante la crisis del coronavirus. Sanidad también tuvo que resolver un contrato de compra de 144 respiradores con la empresa española Hyperin Grupo Empresarial de 3,31 millones de euros porque la compañía no fue capaz de suministrar los dispositivos. El reintegro del dinero, que se pagó por adelantado, ya ha sido solicitado por el Ministerio de Sanidad, pero la empresa aún no lo ha hecho efectivo.
La elección de una empresa como Hyperin para un contrato de esta relevancia sorprende porque la mercantil tiene como objeto social “la fabricación de elementos de yeso para la construcción” y fue creada hace solo un año, según el registro mercantil.
El País 22-04-2020: Sanidad adjudica a una firma sin empleados un contrato de 4,2 millones. El proveedor de material para combatir el coronavirus es una asesoría laboral de Málaga con pérdidas. Los orígenes de esta empresa se remontan a 2013, cuando la firma se denominaba Administración concursal Marsan SLP y su objeto social era la gestión de concursos de acreedores. La propietaria de la empresa, la abogada Eva Paola Martínez, admite que Value&Bro S. L. “no tiene fábrica en China”. “Tenemos acuerdos en el país, subcontratamos”.
ABC del 23-04-2020: El Gobierno pagó los test fallidos al 350 por cien de su precio de mercado. El producto cuesta menos de tres euros en la fábrica de China y varios distribuidores lo venden en España a unos siete euros: Sanidad abonó 26 euros.
El Ministerio de Sanidad firmó un contrato con la empresa Interpharma para el suministro de 659.000 unidades de test diagnósticos para Covid-19 a cambio de 17.143.885 euros. Es decir, cada unidad costó 26 euros… El coste del producto en fábrica, lo que pagan los distribuidores en China, no supera los tres euros por unidad. A eso hay que sumarle el transporte, los impuestos y el beneficio del intermediario.
Según Vozpópuli, en el caso de los contratos de Transportes, las adjudicaciones se aprobaron en órdenes ministeriales del departamento de Ábalos los pasados 20 y 26 de marzo… la compra de material sanitario se encargó a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas, una sociedad con sede en Zaragoza que presta servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales de salud, energía, agua e infraestructuras agrícolas, principalmente en países de África. Esta empresa cuenta con cinco trabajadores, según los datos del Registro Mercantil.
The Objetive del 09 abril 2022: “la titular del Juzgado 26 de Madrid está investigando un total de 56 contratos del Ejecutivo de Pedro Sánchez realizados durante los primeros meses de confinamiento”… “El medio centenar de contratos objeto de investigación se disparan a cerca de mil millones de euros…” “Las pesquisas del Juzgado también se centran en notables sobrecostes. Con una media de incremento del 300% en el precio, el expediente que muestra un desfase mayor y espectacular es el tramitado para la adquisición de batas desechables…”
Yo no soy quién para juzgar a nadie, me limito a exponer los hechos. No sé quién es culpable ni quién es inocente y quiero suponer que todos estos temas llegarán a los tribunales de justicia, y espero caigan en manos de personas que no tengan que agradecer nada a nadie. Lo que sí reclamo es, una vez más, un metro de cien centímetros para todo el mundo, aquello del jurisconsulto romano Domicio Ulpiano de “la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le corresponde”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario