POR FIN: EL "GOVERN" AGILIZARÁ LA DESOCUPACIÓN

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, y la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, han presentado esta mañana una serie de medidas del Govern encaminadas a posibilitar y agilizar las actuaciones contra las ocupaciones delincuenciales de inmuebles en las que se realizan actividades delictivas, generan conflictividad y alteran la convivencia de la comunidad. Son las denominadas ocupaciones delincuenciales, que normalmente suelen ir acompañadas de narcotráfico, amenazas o agresiones.

El objetivo del Govern es dotar de herramientas a ayuntamientos y a comunidades de propietarios para poder actuar ante casos de ocupaciones delincuenciales conflictivas cuando los propietarios se desentienden del problema. Según la consellera Ciuró, este tipo de ocupaciones "se producen en pisos de grandes propietarios, y es contra ellos, bancos y fondos buitre, contra quienes va la ley". Estos propietarios, según la consellera están pendientes de "especular" y no se interesan por lo que pasa en sus fincas, y si el titular del inmueble no denuncia, tanto ayuntamientos como comunidades de propietarios no pueden hacer nada.

Modificar la normativa

Para que esto sea una realidad, se han de modificar artículos del código civil catalán, concretamente el libro quinto sobre derechos reales y propiedad horizontal, y también ciertos artículos de la Ley de la Vivienda de 2007. Cuando se detecte un inmueble con ocupación delincuencial, se requerirá al propietario que actúe para poner solución al problema. Esto ya se hace ahora. La novedad es que cuando estas modificaciones estén en vigor, si el propietario no actúa en el plazo de un mes, la comunidad de propietarios o el ayuntamiento podrán actuar civilmente en su nombre.

Se abre entonces un proceso de prueba ante un juez que debe dictaminar entonces si la denuncia es cierta, y en caso de que se acepte, el propietario puede ser sancionado por dejación de funciones y se puede dictar la cesión de uso del inmueble. Las sanciones pueden ir de 9.000 a 90.000 euros.

Éxito doble

Según la consellera Ciuró, "el éxito es doble, ya que además de acabar con la ocupación, el inmueble se pone a disposición de familias vulnerables", y además se "garantiza la convivencia de ciudadanos y ciudadanas".

Estas medidas de modificación legislativa es una acción conjunta entre los departamentos de justicia y derechos sociales ya que opera en esas dos vertientes. La consellera Ciuró se ha quejado de la lentitud de los juzgados y ha pedido que se "implementen en Catalunya protocolos que ya se han puesto en marcha en otros territorios para que los procesos y las herramientas sean efectivas".

Por otra parte, la consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera ha explicado que "las viviendas han de tener una función social y, cuando no se cumple, se pueden aplicar medidas" para que esa función sea efectiva. Así mismo, Cervera ha manifestado que no piden a los grandes propietarios que "sean la solución, pero tampoco que sean parte del problema".

Al mismo tiempo ha pedido que se traspase a la Generalitat los pisos de la SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, que se creó en 2012 para gestionar los inmuebles transferidos por los bancos que entraron en quiebra tras la crisis inmobiliaria y financiera. Buena parte de los pisos o locales que se ocupan con carácter delincuencial pertenecen a esta sociedad.

Los plazos que se manejan para que estas medidas puedan entrar en vigor se mueven entre los 6 y los 8 meses. A primeros de octubre se entregue el texto definitivo de la modificación del código civil catalán, y a mediados de ese mismo mes, que esté preparado el articulado de la Ley de la Vivienda. Después vendrá el trámite parlamentario, y no se descarta publicar la nueva normativa como Decreto Ley.

Quejas de alcaldes

La iniciativa surge de las conversaciones que se han mantenido con un gran número de alcaldes que se quejan de no tener las herramientas necesarias para luchar contra una problemática grave en sus municipios. Violant Cervera matiza que "no se trata solo problemas en grandes ciudades. El otro día, el alcalde de Les Borges nos denunciaba que en su localidad había cuatro bloques de pisos con graves problemas, y muchos alcaldes del área metropolitana también han expuesto las mismas quejas sobre no poder hacer nada".

Durante la presentación se ha ofrecido algunos datos sobre ocupación en Cataluña. El 45% de todas las ocupaciones que se hacen en España se dan en Cataluña, y de éstas, el 75% son en Barcelona. Actualmente, hay 7.345 denuncias por ocupaciones delincuenciales.

Sobre los números absolutos, ninguna de las dos consellerías ha podido precisar una cantidad, pero a modo de ejemplo, y esperando que se pueda hacer una transposición proporcional, la consellera Ciuró ha informado que el parque públicos de la Generalitat tiene 21.700 viviendas, de las que 953 están ocupadas, y una de cada 4 tienen actividades ilícitas de tipo delincuencial.