Hay muchas definiciones de “tiranía”, pero todas se resumen en que un tirano es quien gobierna contra la voluntad popular y la mayoría de su pueblo.
En la actualidad, los datos reflejan que tres de cada cuatro españoles, incluido el 50 % de los votantes socialistas, piden a Sánchez convocar elecciones anticipadas, pero él se niega.
Eso es tiranía, quizás blanda, pero tiranía.
Aristóteles, en su tratado Política, identifica la tiranía como un régimen en el que el gobernante ejerce el poder no para el bien común, sino para su provecho personal, sometiendo a los ciudadanos a la arbitrariedad, el miedo y la privación de toda participación virtuosa.
La comunidad política, al percibir que el orden justo ha sido subvertido, adquiere el derecho —y casi el deber— de alzarse contra tal opresión para restaurar las condiciones que permiten la vida buena en sociedad.
La lucha contra el tirano se revela así como un mecanismo correctivo, un acto de autodefensa colectiva orientado a la virtud cívica y no a la mera revuelta.
La tradición escolástica medieval profundizó y matizó este legado al anclarlo en el derecho natural y la teología.
Santo Tomás de Aquino, especialmente en De regno y en pasajes de la Suma Teológica, sostiene que un príncipe que degenera en tirano pierde toda autoridad legítima al contravenir el bien común y el orden natural querido por Dios.
Aunque prefiere vías pacíficas y la intervención de instancias superiores, Aquino reconoce que la resistencia colectiva del pueblo —cuando se orienta a la deposición del tirano y se ejerce como acto público en defensa de la república— puede constituir un acto lícito y necesario.
Esta doctrina, enriquecida posteriormente por autores como Francisco Suárez al distinguir tipos de tiranos y fundamentar el derecho de resistencia, ofreció un marco conceptual riguroso que separaba la legítima oposición a la injusticia de la sedición o la anarquía, influyendo decisivamente en el pensamiento político europeo y americano.
Con el advenimiento de la modernidad, los filósofos del contractualismo elevaron estos principios a una teoría sistemática de la soberanía popular.
John Locke, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, argumenta que todo gobierno legítimo nace de un pacto social mediante el cual los individuos consienten en ceder parte de su libertad natural a cambio de la protección de sus derechos inalienables: la vida, la libertad y la propiedad.
Cuando un gobernante se erige en tirano, rompiendo ese contrato, el pueblo recupera su soberanía originaria y está moralmente autorizado a resistir, incluso por la fuerza, si las circunstancias lo exigen.
Esta doctrina no solo legitimó revoluciones en Inglaterra y Norteamérica, sino que se difundió con fuerza en el pensamiento independentista hispanoamericano, proporcionando un lenguaje filosófico preciso para denunciar la opresión y reclamar el derecho a la autodeterminación.
Aplicado a la España actual, el derecho a oponerse a un Sánchez que está enfrentado a la mayoría de su pueblo y al Congreso, representantes de la soberanía, es además de un derecho un deber cívico.
La filosofía, además de la Justicia y la razón, está también contra Sánchez.
Francisco Rubiales
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