Algunos todavía no se han dado cuenta de que con estos comportamientos se suele conseguir el efecto contrario. No es la forma correcta de actuar en adultos que se dedican a gobernar, mostrando una lementable falta de ética, responsabilidad y profesionalidad.
Nueva polémica en dos municipios gobernados por el PSC. Los ayuntamientos de l’Escala y El Vendrell han permitido que Junts per Catalunya instale paradas informativas en la vía pública mientras han denegado el mismo permiso a Aliança Catalana. Esta discriminación ha generado una fuerte indignación y acusaciones de trato discriminatorio.
El caso ha sido denunciado públicamente por Oriol Gès, portavoz de Aliança Catalana, que ha publicado en sus redes sociales las pruebas de esta doble vara de medir. En las imágenes compartidas por el dirigente se observa cómo los consistorios rechazan las solicitudes del partido independentista, mientras que Junts sí obtiene autorización para ocupar exactamente los mismos espacios y fechas.
“Com és que @JuntsXCat pot fer parades al mateix lloc on les deneguen a Aliança Catalana? Exemples: l’Escala i el Vendrell, ajuntaments governats pel PSC. Presumpta prevaricació? VERGONYA!”, escribió Oriol Gès en su cuenta de X (antes Twitter), adjuntando los documentos oficiales que muestran la negativa recibida por parte de ambos ayuntamientos.
Dos ayuntamientos del PSC bajo la lupa
En El Vendrell, el consistorio gobernado por el Partit dels Socialistes de Catalunya negó a Aliança Catalana la instalación de una parada informativa en la Carretera del Doctor Robert, alegando motivos administrativos. Sin embargo, el mismo espacio fue concedido sin problemas a Junts per Catalunya para el día 8 de noviembre, entre las 9 y las 14 horas.
El caso se repite en l’Escala, donde el ayuntamiento socialista denegó a Aliança Catalana la instalación de una mesa en el Passeig Marítim – Escultura Petit Príncep, argumentando la existencia de normativa municipal que restringe estas actividades. Pese a ello, Junts per Catalunya ha anunciado públicamente una parada en ese mismo lugar y fecha.
Posible delito de prevaricación
Algunos partidarios de Aliança Catalana consideran que esta actuación podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, al tratarse de una decisión arbitraria adoptada por cargos públicos con el objetivo de beneficiar a un partido político en detrimento de otro. La legislación española contempla este tipo de conductas como un grave abuso de poder.
La situación ha generado un intenso debate en redes sociales, donde numerosos usuarios han señalado el doble rasero de los ayuntamientos gobernados por el PSC, que aplican criterios distintos según el color político del solicitante.
Oriol Gès ha exigido explicaciones inmediatas a los responsables municipales y ha recordado que la libertad política y el derecho a la participación deben garantizarse en igualdad de condiciones para todas las formaciones.
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