Los partidos políticos ya no son el cauce imprescindible para la participación del pueblo en la política, ni los instrumentos principales de la democracia porque se han pervertido y convertido en organizaciones mafiosas, obsesionadas en ganar votos y gestionar el poder. No son instrumentos para alcanzar el progreso, la Justicia y el bien común, sino agrupaciones que viven para repartirse el botín del poder y sus inmensos beneficios y ventajas, muchas veces delinquiendo e incumpliendo las leyes y la Constitución.
Las democracias, cuando son gestionadas por este tipo de partidos, se pudren y se hacen indecentes, inútiles y perversas, muchas veces peor que las dictaduras.
El efecto perverso de esos partidos corrompidos es claramente visible en España, donde cada día tienen más poder y cuentan con un Estado más nutrido de privilegios y cargos, sin que desaparezcan los problemas, sin que el país avance, ni sea más justo y decente. Toda lo política, en manos de los partidos, está al servicio de la clase política, nunca del ciudadano.
Los principales partidos políticos españoles, a pesar de que cada día son más rechazados por los ciudadanos y que la supresión de las cuantiosas subvenciones públicas que reciben se ha convertido en un verdadero clamor popular, siguen blindándose, promoviendo la corrupción, practicando el abuso de poder, mintiendo, engalñando a los ciudadanos, incumpliendo sus promesas, recibiendo dinero público de manera masiva, negándose a ser controlados y funcionando al margen de la transparencia.
Muchos pensadores, analistas y expertos han acumulado pruebas suficientes para señalar a los grandes partidos políticos españoles, sobre todo a los que han gobernado desde la muerte de Franco, como "asociaciones de maleantes" por su peligrosidad y número de delitos y procesados registrados en sus filas.
Los medios de comunicación españoles, salvo algunas pocas y raras excepciones, no airean estas vergüenzas porque dependen también de los partidos políticos, que les inyectan subvenciones y dinero para publicidad, lo que constituye otro drama antidemocrático que afecta seriamente a la democracia española y a la libertad de los ciudadanos.
Nada dicen, por ejemplo, de que los partidos protagonizan una larga lista de comportamientos reprobables por los que nunca se ven sancionados, entre los que destacan:
- Esconden millone de euros al no entregar su contabilidad y consiguiendo la complicidad del sistema fiscal.
- Los partidos pueden recibir donaciones inmobiliarias o en especie sin límite alguno.
- Las entidades de crédito han perdonado cientos de millones de euros a los partidos, sin transparencia ni información, quizás porque esas condonaciones constituyen conductas abyectas y privilegios que rozan el delito.
- Las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos son la parte menos transparente de toda la financiación. La Ley les exige aún menos supervisión que a los partidos políticos pese a que sus actividades comerciales reflejan lo interligadas que están ya que las fundaciones preparan actos y transpasan inmuebles a los partidos mientras reciben a cambio subvenciones, créditos y avales.
La triste verdad es que los partidos políticos españoles siguen subvencionándose masiva y generosamente del dinero que los españoles pagan con sus impuestos, que esas subvenciones se entregan a los partidos en contra de la voluntad popular mayoritaria, que reclama suprimirlas, y que los partidos políticos han eliminado y dinamitado todos los controles que la democracia establece para que el poder quede sujeto a la ley y no pueda avanzar por las vías del abuso y la injusticia. También es verdad que no existe voluntad alguna de regeneración en los partidos españoles, que lo primordial para ellos, antes que el bien común, es el poder y el disfrute de sus privilegios, y que esos partidos constituyen hoy el mayor obstáculo para que la democracia española se limpie, se dignifique y el país se convierta en decente.
Aunque han intentado cambiar la legislación y hacerla permisiva con la clase política, si los jueces aplicasen la ley con todo rigor, los grandes partidos políticos españoles podrían ser declarados ilegales y un peligro público por albergar en su seno a miles de delincuentes y por amparar, directa o indirectamente, miles de irregularidades y abusos de poder, todas ilícitas, execrables y contrarias a la decencia democrática, pero muchas de ellas también delictivas y suceptibles de ser castigadas con cárcel.
Las encuestas señalan, una y otra vez, a los partidos políticos como uno de los males mayores de España, pero esa opinión ciudadana no tiene efecto alguno en el mundo pervertido de la clase política, blindada, abonada al abuso de poder y cada día más enemiga de la democracia y de los ciudadanos a los que dice representar.
El dictador Franco supo plasmar con precisión de cirujano los daños que pueden causar en una sociedad como la española esas organizaciones llamadas "partidos", que se declaran "cauces y mecanismos de representación pública", pero que "en lugar de constituir un sistema de frenos morales y de auxiliares colaboradores del Gobierno, alimentan la posibilidad de socavar impunemente el principio de autoridad y orden social" y además engendran "una permanente guerra fría dentro del propio país".
Basta observar y analizar el papel de los partidos en la mal llamada "democracia" española para advertir que se han ajustado a lo que Franco pensaba de ellos y que más que actuar como fuerzas al servicio del progreso y de la convivencia, han operado como elementos de confrontación, de enfrentamiento, ruptura, corrupción e injusticia, dentro de una gran ineficacia e irresponsabilidad, generando también retroceso en muchos aspectos, incluyendo la sumisión a los grandes intereses mundiales, endeudamiento, desigualdad, despilfarro y falta de ilusión y de metas comunes entre los españoles.
En su mensaje de fin de año de 1959. Franco dijo "Cada día se acusa con mayor claridad en el mundo la ineficacia y el contrasentido de la democracia inorgánica formalista, que engendra en sus mismas entrañas una permanente guerra fría dentro del propio país; que divide y enfrenta a los ciudadanos de una misma comunidad; que inevitablemente alimenta los gérmenes que más tarde o temprano desencadenan la lucha de clases; que encienden la unidad nacional al disgregar en facciones beligerantes unas partes de la Nación contra las otras; que mecánica y fatalmente provocan con ritmo periódico la colisión entre las organizaciones que se dicen cauces y mecanismos de representación pública; que en lugar de constituir un sistema de frenos morales y de auxiliares colaboradores del Gobierno, alimentan la posibilidad de socavar impunemente el principio de Autoridad y orden social."
Francisco Rubiales
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