La plantilla de la Seguridad Social denuncia su colapso para atender a los ciudadanos, y la incapacidad material para tramitar gestiones básicas de 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, y 1,4 millones de empresas.
Portavoces de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sobre todo entre la Tesorería y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y algunos otros departamentos, la plantilla ascendía a 30.000 efectivos frente a los 25.500 actuales.
Envejecimiento progresivo de la plantilla
Explican las mismas fuentes que debido al envejecimiento de la plantilla, en los 59 años de media y al aluvión de jubilaciones, las salidas de empleados de la Seguridad Social son muy superiores a las incorporaciones, a razón de una pérdida de personal de 2.000 efectivos anuales entre la Tesorería y el INSS, que no son repuestos en la misma cuantía. Aguirre señala que se van a añadir 1.615 interinos en los próximos tres años, pese a que el déficit de plantilla asciende a 7.000 trabajadores.
De ahí que se produzcan retrasos en la atención con cita previa, demoras en el cobro de prestaciones y un retardo medio de tres meses para cobrar la jubilación en el momento de producirse. Antes de la salida de tantos efectivos, ese ingreso se percibía por el recién jubilado en el mismo mes de la comunicación de retiro.
Consideran que la ciudadanía está percibiendo un «servicio deficiente» en sus gestiones básicas con la Seguridad Social, padeciendo retraso en las citas, cierre de atención de oficinas, colas interminables, demoras en la concesión de prestaciones e incertidumbre.
Por otro lado, la insuficiencia en la ejecución del IMV
La sobrecarga de trabajo de la plantilla ha provocado también el colapso en la tramitación del ingreso mínimo vital (IMV), lo que ha obligado al Gobierno a improvisar un plan de emergencia que incrementa el trabajo de una plantilla ya sobrepasada, explican las mismas fuentes de CSIF: el plan de intensificación.
Esta iniciativa de la plantilla de la Seguridad Social busca no solo que se cumpla la reposición de personal ajustada a las necesidades de atención al público, sino una mejor atención al ciudadano. Los funcionarios reclaman una reposición que cubra el gap de 7.000 funcionarios que consideran necesarios para atender un número posible de expedientes.
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